El caso Ayotzinapa ha sido uno de los que más ha conmocionado a nuestro país, la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural en Iguala, Guerrero le robó la tranquilidad y estabilidad al sistema de justicia mexicano. Han pasado 2 años desde aquélla trágica noche, marchas, presentación de informes, detenciones, salida y entrada de funcionarios involucrados en investigaciones y hasta la renuncia del gobernador de Guerrero han marcado el rumbo de esta historia que sigue estando inconclusa.

Ayotzinapa, una herida abierta

La historia, la conocemos de pies a cabeza, desde esa noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el grupo de normalistas pertenecientes a la escuela rural Isidro Burgos fueron atacados por un grupo criminal y policías de Iguala, nadie sabe nada de ellos.

Pocos días después del suceso, fueron arrestados varios miembros de la policía por su presunta participación en el ataque. El entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco confirmó que 22 agentes usaron sus armas de fuego para atacar a los normalistas.

José Luis Abarca, el presidente municipal en ese entonces, señaló ante los medios que los estudiantes eran “muchachos rebeldes que les gustaba provocar”, una opinión poco acertaba para el momento ya que después las sospechas lo señalaron cada vez más. Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda se sintieron amenazados y decidieron huir por un tiempo hasta que después fueron capturados y se les imputó la responsabilidad de varios asesinatos además de la desaparición de los estudiantes.

Jose Luis Abarca y su esposa Maria de los Ángeles Pineda
José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda
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No hay para cuando

A finales de octubre de 2014, se hablaba de que el ataque a los normalistas había sido provocado y dirigido por Abarca y Pineda en colaboración con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, hecho que se confirmó indirectamente cuando el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, presentó su renuncia y se esfumó de la política, como si se lo hubiera tragado la tierra o mejor dicho, como si supiera que no puede cometer errores respecto al delicado tema.

Los meses pasaron y la PGR confirmó por primera vez y en una forma bastante cruda, la muerte de los 43 desaparecidos. A decir de las autoridades, el crimen corrió a cargo de los “Guerreros Unidos” (banda de delincuencia organizada) quienes los asesinaron, incineraron y tiraron sus restos en quién sabe dónde.

A pesar de todo esto, la versión fue rechazada por los padres y entraron en escena los especialistas de la Universidad de Insbruck, Austria, quienes realizaron un análisis de los pocos restos encontrados en el rió cercano al basurero de Cocula.

Los austriacos confirmaron la identidad de uno de los normalistas, Alexander Mora pero esta versión no fue suficiente para los dolidos padres quienes afirmaron que los restos del normalista habían sido “sembrados” por las autoridades.

El malestar social, la falta de respuesta de las autoridades y las continuas refutaciones a las pruebas ofrecidas para confirmar las investigaciones, terminaron por llevar al procurador de la PGR Jesús Murillo Karam a la renuncia.

Jesús Murillo Karam
Jesús Murillo Karam

La incertidumbre ahoga

El peso del hallazgo de diferentes fosas clandestinas, marchas nacionales e internacionales, la participación de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligaron a reabrir la investigación de los sucesos, esta vez con el Equipo Argentino de Antropología Forense, sin embargo nada ha pasado.

Dos años después no existe certeza sobre el destino de los estudiantes, esa fue la tajante respuesta que dieron en su ultimo informe los especialistas de la CIDH, dando pie a que las autoridades alzaran la voz y aseguraran que la verdad histórica es inamovible. Los 43 están muertos.

En dos años 168 personas han sido consignadas por el crimen, entre ellos 54 policías de Iguala y 19 de Cocula, 223 autos de formal prisión, 209 órdenes de aprehensión y 650 labores de búsqueda que terminaron en nada.

Y ahora, ¿qué sigue?

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