Tras los terribles casos sucedidos con Mara Castilla, la joven que fue violada y asesinada por uno de los choferes de una línea privada de taxis y Mariana Fuentes de 20 años, quien fue víctima de asesinato luego de que otro conductor, también de taxis ejecutivos, la asaltara en plena calle y le diera un balazo, el Estado de Puebla está tomando cartas en el asunto y no piensa dar segundas oportunidades para que este tipo de medios de transporte se conviertan en un sinónimo de inseguridad.
El gobierno del Estado ha confirmado que desde ya se trabaja en una iniciativa para reformar la Ley del Transporte con el objetivo de que las reglas para que las empresas de taxis ejecutivos operen queden más que claras. El principal fin, es que el propio Estado asuma el control de los empleados.
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Entre los puntos importantes a tratar para que la medida funcione y regrese la confianza de los usuarios están el que los conductores ya no operen con licencias particulares sino mercantiles, que les sean aplicados exámenes toxicológicos y psicométricos cada tres meses y que se haga una base de datos que aloje todos los perfiles de quienes entran en el negocio. De esta forma, cambiaría completamente el artículo 45, en el que establecían que las propias empresas deberían autorregularse.
Por su parte, UBER está a la espera de esos cambios para saber si cumple con las reglas para quedarse funcionando definitivamente en Puebla o no, al igual que Cabify, que aunque ha sido suspendido temporalmente, si logra contar con todo lo que se pedirá, tendrá las puertas abiertas de nuevo para trabajar como de costumbre. Las mismas medidas aplicarán para otras empresas que trabajan con el mismo sistema en ciudades como Tehuacán y Puebla capital.
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